Ayer en el pleno de la corporación se aprobó la retasación de cargas de urbanización de la UE33B Vergel de San Miguel, con los 10 votos a favor del Partido Popular. Esta retasación supone para los vecinos un incremento del 8%. Aproximadamente unos 3000 euros para una parcela de tamaño medio.
Para el Movimiento Vecinal, esto es la “crónica de una muerte anunciada”. Las comunicaciones engañosas tanto de Remedios Mazzolari como de la dirección de la oficina AMIGU (la ahora cerrada oficina de asesoramiento urbanístico) que anunciaban “precios cerrados” en los diferentes procedimientos de urbanización, quedan ahora demostradas.
El “precio cerrado” de Vergel de San Miguel, inicialmente de 36 € por metro cuadrado, sube ahora a casi 40 € por metro cuadrado y la variación viene motivada por la mala gestión de los PAIs realizada por el Gobierno Popular:
- Retraso en la ejecución de las obras que requiere adaptar el proyecto por un cambio en la normativa para la red eléctrica y también en la normativa de accesibilidad,
- El plan de eficiencia energética, que no se ha previsto en el proyecto que data del 2008 y revisado por el Ayuntamiento en el 2010, cuando estaba aprobado desde el 2006, tal y como reconoció la propia Mazzolari ayer.
- Y finalmente, la red de agua de riego, que tampoco se había contemplado en el proyecto.
Una falta de previsión que ha generado “imprevistos”… y varios ataques del gobierno popular a “partidos de la oposición que mienten a los vecinos”.
Evidentemente, quien ha mentido a los vecinos no es la oposición.
Mari-Cruz García Pedrero, la nueva Concejal del Movimiento Vecinal en su primera intervención en el Pleno lo dejó bien claro, aludiendo a los comunicados de prensa de la concejal de urbanismo, Remedios Mazzolari: “Si esta es la urbanización modelo, apañados vamos”.
Siguiendo este modelo, la misma empresa que realizó la UE33B, Cobra, está ejecutando la urbanización Edeta UE29A, superando los 8 meses de retraso respecto al plan inicial. Y en La Sima UE47, realizada por la empresa Urbe, en concurso de acreedores, los imprevistos previsibles han causado 6 meses de “aplazamiento”.
Los vecinos de Vergel de San Miguel, como en cada uno de los PAIs que ejecuta el gobierno del Partido Popular, van a tener que reclamar judicialmente estos costes, lo que les generará otro gasto adicional.
